por Luis E. Sabini Fernández / 22 julio 2025
El gobierno del presidente Yamandú Orsi acaba de cancelar el proyecto Arazatí que había presentado el entonces presidente Luis Lacalle Pou en el muy inapropiado período en que su presidencia ya había perdido las elecciones para el nuevo período presidencial.
Con el descarte de tal proyecto resultan corroboradas las dudas y críticas que el mencionado proyecto había cosechado desde muy diversos ángulos; la muy problemática toma de agua bruta del Río de la Plata; el invento de un lago artificial alojado en el río con el ridículo nombre de “polder”; la afectación a toda suerte de actividad local en la zona de Arazatí “invadida” por tal proyecto, el descomunal monto a pagar en dólares, hipotecando todo el futuro de OSE a corto y largo plazo, que iba a bloquear disponibilidad de recursos para muchos otros proyectos y necesidades del sector.
Pero el trámite que acabamos de ver a la luz del día sorprende no por su franqueza sino por su modalidad.
Llama la atención que los titulares del proyecto Arazatí no hayan sufrido ni un rasguño en su foja de credibilidad por haber presentado algo que ha sido desechado por su baja calidad como proyecto, su insuficiencia en la consideración ambiental, su abultado monto…
Y que en algunas reuniones, cabildeos entre la parte empresaria y el nuevo elenco gubernamental, hayan resuelto, “en el mejor de los mundos” cambiar las condiciones del contrato, rehaciendo ahora un proyecto que, en lugar de rondar los 300 millones de dólares iniciales, rondará, inicialmente, los 200 millones de dólares, para hacer otra construcción, en otro sitio, con otras distancias en las conexiones y cañerías correspondientes.
La pregunta que queda en pie es cómo se evalúa este nuevo otro proyecto.
Alguien podría suponer que los montos que rondaban los 300 millones de dólares deberían bajar a 100 millones, en cambio de a los 200 millones estimados a ojos de buen cubero por los titulares del consorcio Aguas de Montevideo y los titulares del gobierno.
Los pasos más sensatos parecen ser que una vez desechado el proyecto Arazatí “por acumulación de faltas”, su proceda a su rescisión. Lisa y llana. Eventualmente, sus titulares podrían reclamar por los daños infligidos a su patrimonio, por lo ya invertido (que parece ser poco) y el lucro cesante.
El consorcio puede evaluar cuánto le conviene exigir la incursión en gastos y esfuerzo o cuánto apostar a ganar un nuevo contrato.
Porque el proyecto que ahora ha brotado de la mesa de negociaciones entre el Grupo de Montevideo y el gobierno de Yamandú Orsi, por tratarse de un proyecto radicalmente distinto al original, parecería merecer una nueva licitación.
El acuerdo amistoso, cambiando todo lo que hay cambiar, deja en una nebulosa la razón de los montos de la inversión, del proyecto. Que no es una minucia.
La conferencia de prensa brindada por “las partes”, Alejandro Ruibal, Edgardo Ortuño, nos mostró una confianza mutua, recíproca, que lamentablemente no se compadece con el trámite. Podemos alegrarnos que las partes de un negocio o contrato público-privado mantengan un trato cordial y de confianza. Pero ese “espíritu” no tiene porqué prolongarse entre otros “actores” en juego, la sociedad en general, en primerísimo lugar.
Si los proyectos se estimaran “a ojos de buen cubero” y la sociedad se sintiera satisfecha con los resultados, entonces diríamos adiós a las licitaciones y a la brega por limitar los gastos y asegurar las calidades.
Pero la experiencia nos dice que es exactamente al revés: tenemos que ceñirnos a normas y regulaciones, sabiendo que aun así, resulta muy difícil no errar, no malgastar, no defraudarse. Pero sin tales recaudos, la cosa sencillamente desbarranca.□