por Luis E. Sabini Fernández
Una muerte acompañada de demasiados interrogantes y “desprolijidades”.
Su hija es informada desde la iglesia metodista en que su padre trabajaba, que la policía ha notificado que su padre murió de un paro cardiorrespiratorio.
Empezamos mal. El paro cardiorrespiratorio nunca, o casi nunca es causa de muerte (si se asfixia al occiso con una almohada, por ejemplo, entonces sí); es su consecuencia.
La hija concurre al reconocimiento del padre y percibe contusiones en su rostro, por lo cual pide caratular una denuncia por rapiña, que, curiosamente, no puede llevar adelante.
Porque la policía le aclara que el médico forense ya certificó su muerte (eso del “paro cardiorrespiratorio”) y con inmenso afán resolutivo encaminó todo el trámite de defunción.
¿Encaminado a qué, y cómo, y por qué? habrían sido las preguntas inmediatas. ¿Acaso el médico forense o la policía ya sabían que no fue rapiña?
El muerto era activista prominente de «Hermandad Pro Derechos Humanos» que actúa buscando esclarecer y combatir el tráfico de personas, el proxenetismo.
Viuda e hijo del occiso presentan una denuncia policial en comisaría (3a.) por haberse dispuesto el entierro sin autopsia. Como si hubiese algún deliberado apresuramiento.
La comisaría no les entrega copia de la solicitud; apenas “un trozo de papel con un número” (supongamos de expediente), explican los consternados deudos.
La Hermandad por Derechos Humanos quiere saber qué pasó. Quien ahora aparece muerto había recibido amenazas de muerte y hace precisamente medio año se le había incendiado por completo su vivienda. Con lo cual cualquiera no necesita ser mal pensado para preguntarse ahora la causa de muerte.
La Hermandad entonces toma contacto con el director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior explicándole que los deudos han reclamado una autopsia por un entierro que consideraron prematuro. El director de Convivencia les aclara que no figura denuncia alguna ni consiguiente pedido de autopsia.
Dada la gravedad de las omisiones que la viuda y el hijo ven que se acumulan, le piden al director que, en el velorio, vea por sí mismo el cuerpo del occiso.
Santiago González, el director ministerial, puso allí en juego, ya que no la empatía ni la sensibilidad, sus dotes jerárquicas, aclarándoles que no era su función.
Los deudos le solicitan entonces que envíe personal idóneo para registrar lo de las contusiones y verifique el apresurado tratamiento de lo que ellos consideran una muerte bajo sospecha.
El director alega entonces que carece de personal a disposición. Que nadie vaya a creer que lo que le faltaba a él era disposición, faltaba más.
Pero una vez más, lo que “suena” es como un intenso afán de terminar cuanto antes con las dudas, las preguntas, el caso.
La Hermandad ubica el domicilio donde la policía dijo que fue encontrado el cuerpo. Un hotel… de alta rotatividad.
Siempre tan pulidos para hablar. Dicho establecimiento responde al nombre de Almirán. Adonde habría ingresado una pareja con la cédula de identidad de González.
Pero, ¡qué casualidad!, otra vez nada se pudo precisar ni identificar. Porque justo esa noche se pierde la hoja de registro de usuarios, que al menos teóricamente, se lleva siempre. Por lo tanto, no se puede precisar la identidad de la pareja. O al menos la mujer de tal pareja, ya que sí figura el documento de identidad de Rodríguez como el del otro integrante de dicha pareja.
Se hizo otra denuncia a la policía para ubicar pareja tan clave. Pero, probablemente por descuido o casualidad permanente, no se perician las cámaras de seguridad del local ni las de las inmediaciones. Probablemente la policía lleva todavía el método de rastreos de principios del s. XX o fines del XIX; se pregunta a vecinos, al barrendero, al lechero… Y no, nada se sabe.
Sigue faltando el celular del occiso. Y su laptop, qué ¡oh casualidad! Tenía una gran cantidad de datos y escritos sobre investigaciones que él y la Hermandad llevaba adelante… ya sabemos sobre qué tema.
No es novedad en “el paisito”.
Pero si estuviéramos en un país modelo de democracia occidental, “por aquello de que ‘la mujer del César no sólo debe ser sino parecer’ tendríamos que estar despejando tan penosas y ominosas dudas. Algo que a la jerarquía ministerial aludida no parece preocuparle. Porque no vamos a imaginar que se protege a delitos y sicarios.
¿O eso quiere decir que en Uruguay pueden pasar cosas atroces?, ¿no sólo hay delitos sino impunidad?
¿Y dónde estarían alojadas esas cadenas delictivas?
Rastrear los motivos de la muerte de Yamandú Rodríguez Pérez, los pasos legales y forenses, tan bien concertados para cerrar el caso, los errores y distracciones acontecidas, podría dar algunas claves.