ELEMENTAL WATSON…
por Luis E. Sabini Fernández
Todo período democrático de gobierno –el establecido entre elecciones para votar (gobierno, precisamente) puede y debe dividirse, o particionarse, entre el tiempo en que el gobierno de turno tiene el futuro abierto y el período en que mantiene las funciones pero ya ha sobrevenido sucesor, es decir luego de realizado el acto eleccionario para el nuevo período de gobierno.
Normalmente, el primer período es el más largo y el que se puede considerar propiamente de gobierno y en el ritmo uruguayo actual excede largamente los cuatro años y medio. El segundo tramo o período, es el que ejerce el gobierno –que se puede designar como “de salida”− cuando ya se han realizado las elecciones y se mantiene en funciones hasta el “cambio de mando”.
En Uruguay, con cierta lentitud que algunos confunden con aplomo, se trata de unos cuatro o cinco meses. Casi medio año. En otros países, la transición es, con lógica, más rápida; en Argentina, no llega a dos meses y en algunos casos, mediando balotaje, apenas pocas semanas; en Suecia, el gabinete se reconstituye tras elecciones, cada tres años, en cuestión de semanas; en EE.UU. −lo estamos viendo−, ese período es de unos dos meses.
Lo de Uruguay, no será por la vastedad del territorio y menos todavía por su envergadura poblacional…
Si en el período principal es el gobierno el responsable de las decisiones, de sus decisiones, en el período que designamos como “de salida”, la responsabilidad de gobierno cambia de carácter, sobre todo si el gobierno recién elegido no es continuación del vigente.
Cuando un gobierno se encuentra en período de salida, es comprensible que siga ejerciendo el gobierno sobre las actuaciones en curso, las aprobadas. Pero es totalmente nocivo, tóxico, que en ese periodo inaugure proyectos a largo plazo condicionando al gobierno que ya está elegido. Proyectos que insuman años, incluso sobrepasando el período de gobierno que está por asumir, deberían contar con la mayor sustentación…
Si un gobierno, en su período de salida ejerce semejante conducta, por ejemplo, suscribe acuerdos que ya no atenderá y que obligará a atender al siguiente, se puede calificar como un acto de casi usurpación o al menos de abuso –político, institucional−. Como un “golpecillo de estado”, hecho con la picardía que nos es lamentablemente tan −diríamos− constitutiva.
El caso “Neptuno”, redenominado Arazatí, es un buen ejemplo.
Frente a la crisis del agua de 2023, más rápido que corriendo, una U.T.E. (unión transitoria de empresas) armó un proyecto para proveer de agua a Montevideo y a los uruguayos en general recurriendo a una fuente absolutamente contaminada, ajena a todo tipo de limpieza más o menos natural. Apostando exclusivamente a depurar, filtrar la montaña de detritus que el estuario platense contiene como receptáculo de las corrientes interiores de América del Sur de la cuenca Paraná-Uruguay (la segunda mayor del continente, detrás de la amazónica). Se trata de corrientes, de ríos, absolutamente “tomados” por la agroindustria basada en contaminantes. Como además, el estuario recibe también agua en sentido contrario, desde el Atlántico, amén de las “agrocontaminaciones”, contiene una salinidad inaceptable para toda potabilización (encima de una carga de contaminantes que los océanos han ido acumulando a causa de la relación que el homo economicus ha ido estructurando con la naturaleza).[1]
El “remedio” ante este otro obstáculo ha sido presentar un lago suplente, ocupando una buena tajada de terreno cercano a la costa, despojando una vez más tierra arable y apta para actividades pecuarias, como la fruticultura, la agricultura, las crías granjeras o la apicultura, o la ganadería lechera o cárnica. En un país que es un paisito. Donde no sobra tierra. Un lago artificial [2] que técnicos de diversas disciplinas ya han adelantado tendrá todos los inconvenientes del agua estancada; algas tóxicas, cianobacterias…
Ventajoso proyecto empresarial, que le permitiría embolsar a la U.T.E. varios centenares de millones de dólares en unos años de pingües ganancias.
No se puede menospreciar la capacidad empresarial de inventarse tareas. Pero no es eso lo que necesita la sociedad uruguaya, como muchos informes técnicos ya lo han ido señalando.
Uno, brindado a los gobernantes recién elegidos en forma de “Carta abierta” por más de una veintena de investigadores y docentes de cátedras de salud, cuidado ambiental y sanitario; −la “craneoteca” con que cuenta el país en estos aspectos− cuestiona claramente el proyecto. Normalmente, cualquier gobierno tomaría en cuenta semejante dictamen en lugar de aceptar una propuesta empresaria que sabemos movida por el lucro y no por la salud ambiental.[3]
Que el gobierno saliente, el señor Luis Lacalle Pou, se embandere con semejante oportunidad empresaria revela sus preferencias, una opción ideológica en suma.
En el documento presentado por los investigadores se señala, por ejemplo, una dificultad (diríamos al ritmo de nuestro inolvidable Bartolomé Hidalgo): “la necesidad de implementar procesos de potabilización complejos, actualmente no disponibles en nuestro país, muy costosos y que conllevan riesgos concretos para la salud pública”.
Otro pasaje de la Carta abierta atiende la cuestión de la materia fecal en el estuario platense: “A la contaminación por materia orgánica actual, se suma el aporte del nuevo emisario subacuático de la cuenca del Riachuelo Matanza de Buenos Aires, que colectará efluentes […] de más de 4 millones de personas, adentrándose 12 km en el Río de la Plata. Este emisario se encuentra en las etapas finales de su construcción
https://www.aysa.com.ar/sistema_riachuelo. Como lo afirmó Alem García, presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP): ‘es una necesidad imperiosa’ que Uruguay realice un monitoreo de las aguas del Río de la Plata luego que el emisor comience a funcionar. El incremento de contaminación fecal en el Río de la Plata (que ya es alta) exigirá tratamientos de cloración más importantes. Esto, sumado a la presencia de materia orgánica en el estuario, aumenta el riesgo de formación de sustancias de reconocida toxicidad.”
Remitimos al lector curioso a la lectura de toda la Carta Abierta y a incursionar en las observaciones que han planteado diversos vecinos y referentes de la sociedad civil de la zona del proyecto; Arazatí, Ecilda Paullier, Rafael Perazza.
El episodio nos está mostrando la ligereza con que se toman decisiones de enorme trascendencia basadas en argumentos que empresas no desinteresadamente formulan.
Somos un país que nos tragamos una gasificadora que no anduvo, un aerocarril que se hundía en el mar entre la isla de las Gaviotas y la costa montevideana, un proyecto celulósico que definieron otros… como aceptando sin reflexión cualquier “volada”. Y si “nos salvamos” del proyecto Aratirí, de extracción de hierro, no fue por nuestra capacidad de resistencia, sino porque la empresa Zamin Ferrous, que lo patrocinaba, lo desechó por escasa rentabilidad.
¿Vamos a seguir las iniciativas provengan de donde provengan, aceptando temperamentos, intereses, proyectos ajenos?□
[1] Sin ir más lejos, la presencia urbi et orbi de microplásticos, ya actuantes en los órganos de peces, en sus suculentas carnes, en los crustáceos y en la leche materna humana, por ejemplo.
[2] Pólder, invocan sus “inventores”. Solo que el original holandés se aplica exactamente al revés: terreno ganado al mar y convertido a la agricultura y aquí se lo quitamos a la agricultura para llenarlo de agua.
[3] CARTA ABIERTA, Montevideo, 10 de diciembre de 2024, dirigida a la presidencia y vicepresidencia recién electos.